El alcalde de San Sebastián da marcha atrás, pero tendrá que pedir permiso al Gobierno de España para realizar la consulta "trampa".
EL CONFIDENCIAL.COM
La consulta popular sobre la continuidad de los toros en San Sebastián estará en manos del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, que tendrá que determinar si autoriza al ayuntamiento a preguntar a la ciudadanía por la prohibición de los festejos taurinos en la ciudad. El alcalde, Eneko Goia (PNV), va a dar este jueves el paso que siempre se había negado a acometer: pedir al Estado que avale el referéndum antitaurino. Y lo hará obligado por la actuación de la Justicia, que ha cortado las vías emprendidas por el Gobierno municipal para celebrar la consulta sin tener que recurrir al permiso del Ejecutivo del PP.
El pleno del ayuntamiento aprobará este jueves “la solicitud de autorización al Gobierno de la nación para la realización de la consulta popular sobre las corridas de toros” a instancias del propio Goia, que ha decidido emprender el camino previsto en la legislación estatal para poder llevar a cabo este refrendo ante los dos varapalos judiciales sufridos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró en abril la “nulidad radical” del Reglamento Municipal de Consultas Ciudadanas aprobado la pasada legislatura por unanimidad de todos los grupos, incluido el PP, y que constituía el marco legal para la celebración del referéndum antitaurino, al aceptar el recurso presentado por la Abogacía del Estado. El ayuntamiento recurrió la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo y, a la espera de la resolución judicial definitiva, convocó la consulta para el próximo 19 de febrero. Sin embargo, el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián suspendió cautelarmente la celebración de la consulta en un auto fechado en septiembre, ante el “riesgo” de que la sentencia definitiva llegue más tarde de la fecha establecida para el referéndum, con lo que el fallo no tendría efectividad.
Cerrada esta vía, el ayuntamiento, gobernado en coalición con mayoría absoluta por PNV y PSE, aprobó en pleno una nueva Norma Orgánica de Participación Ciudadana para dar sustento legal al referéndum antitaurino con un reglamento alternativo. Esta requiere del permiso del Estado para poder sacar las urnas a la calle, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local. Ahora, el Gobierno municipal va a cumplir con este requisito, al aprobar en sesión plenaria el acuerdo para solicitar de forma oficial la correspondiente autorización.
De este modo, la autorización o no de la consulta antitaurina será una de las primeras decisiones que deba adoptar el Consejo de Ministros que se derive del nuevo Gobierno, que oficializará este lunes Rajoy en la jura de su cargo en presencia de Felipe VI, una vez sea investido presidente del Gobierno este sábado en segunda votación en el Congreso de los Diputados. La decisión en torno al referéndum por la continuidad de los toros en San Sebastián llegará, además, en plena tormenta taurina en Cataluña, tras la decisión del Constitucional de anular la ley de esta comunidad que prohíbe las corridas de toros.
La consulta popular sobre la continuidad de los toros en San Sebastián estará en manos del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, que tendrá que determinar si autoriza al ayuntamiento a preguntar a la ciudadanía por la prohibición de los festejos taurinos en la ciudad. El alcalde, Eneko Goia (PNV), va a dar este jueves el paso que siempre se había negado a acometer: pedir al Estado que avale el referéndum antitaurino. Y lo hará obligado por la actuación de la Justicia, que ha cortado las vías emprendidas por el Gobierno municipal para celebrar la consulta sin tener que recurrir al permiso del Ejecutivo del PP.
El pleno del ayuntamiento aprobará este jueves “la solicitud de autorización al Gobierno de la nación para la realización de la consulta popular sobre las corridas de toros” a instancias del propio Goia, que ha decidido emprender el camino previsto en la legislación estatal para poder llevar a cabo este refrendo ante los dos varapalos judiciales sufridos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró en abril la “nulidad radical” del Reglamento Municipal de Consultas Ciudadanas aprobado la pasada legislatura por unanimidad de todos los grupos, incluido el PP, y que constituía el marco legal para la celebración del referéndum antitaurino, al aceptar el recurso presentado por la Abogacía del Estado. El ayuntamiento recurrió la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo y, a la espera de la resolución judicial definitiva, convocó la consulta para el próximo 19 de febrero. Sin embargo, el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián suspendió cautelarmente la celebración de la consulta en un auto fechado en septiembre, ante el “riesgo” de que la sentencia definitiva llegue más tarde de la fecha establecida para el referéndum, con lo que el fallo no tendría efectividad.
La autorización o no de la consulta sobre los toros en la capital guipuzcoana será de las primeras decisiones que deba adoptar el nuevo Consejo de Ministros
Cerrada esta vía, el ayuntamiento, gobernado en coalición con mayoría absoluta por PNV y PSE, aprobó en pleno una nueva Norma Orgánica de Participación Ciudadana para dar sustento legal al referéndum antitaurino con un reglamento alternativo. Esta requiere del permiso del Estado para poder sacar las urnas a la calle, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local. Ahora, el Gobierno municipal va a cumplir con este requisito, al aprobar en sesión plenaria el acuerdo para solicitar de forma oficial la correspondiente autorización.
De este modo, la autorización o no de la consulta antitaurina será una de las primeras decisiones que deba adoptar el Consejo de Ministros que se derive del nuevo Gobierno, que oficializará este lunes Rajoy en la jura de su cargo en presencia de Felipe VI, una vez sea investido presidente del Gobierno este sábado en segunda votación en el Congreso de los Diputados. La decisión en torno al referéndum por la continuidad de los toros en San Sebastián llegará, además, en plena tormenta taurina en Cataluña, tras la decisión del Constitucional de anular la ley de esta comunidad que prohíbe las corridas de toro
Goia siempre se ha negado a tener que pedir permiso al Estado para llevar a cabo una consulta popular impulsada por las cerca de 9.000 firmas recogidas por la plataforma Donostia Antitaurina Orain, y que superan el requisito del 5% del censo de San Sebastián establecido por el Reglamento Municipal de Consultas Ciudadanas, ahora anulado por el TSJPV. Pero el alcalde ha tenido que dar su brazo a torcer y se ha visto forzado a seguir la vía que determina la Ley de Bases de Régimen Local, que recoge la posibilidad de que los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la nación, sometan a consulta popular aquellos asuntos de competencia municipal y de carácter local que sean de “especial relevancia para los intereses de los vecinos”, con excepción de los relativos a la Hacienda local.
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